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LOS HERMANOS ULLOA Y BIRMEX: millones bajo auditoría, medicinas y caravanas políticas rumbo a 2027

Mientras Carlos Ulloa dirige la empresa estatal encargada de coordinar compras y distribución de medicamentos, su hermano Gerardo promueve jornadas médicas en Nezahualcóyotl, donde tiene aspiraciones electorales. Las auditorías a Birmex, una investigación patrimonial y otros cinco casos - incluida Andrea Chávez, cuyas caravanas tienen costos comparables millonarios - colocan bajo escrutinio la relación entre salud, dinero y promoción política.
Los hermanos Carlos Alberto y Gerardo Ulloa Pérez están en el centro de una polémica relacionada con auditorías de medicamentos y promoción política.

Pie de foto: Los hermanos Carlos Alberto y Gerardo Ulloa Pérez, director de Birmex y diputado federal de Morena, respectivamente, son el eje de una controversia sobre auditorías de medicamentos, jornadas comunitarias y promoción política rumbo a 2027.

Crédito: Ilustración editorial generada con inteligencia artificial para SonoraStar. Composición conceptual; no corresponde a una fotografía documental de los funcionarios ni de las instalaciones representadas.


Dos hermanos, Birmex y una controversia nacional

Uno dirige una institución estratégica para el abastecimiento de medicamentos en México. El otro es diputado federal de Morena, organiza jornadas médicas gratuitas y aspira a gobernar Nezahualcóyotl en 2027.

Son Carlos Alberto y Gerardo Ulloa Pérez, protagonistas de una controversia que va más allá del parentesco.

El 17 de noviembre, el periodista Carlos Loret de Mola cuestionó públicamente que, mientras Birmex enfrenta observaciones administrativas y señalamientos por problemas de abastecimiento, el diputado Gerardo Ulloa utilice vehículos, carpas y servicios médicos asociados con su imagen política.

Su columna retomó una investigación de Latinus, elaborada por Ana Lucía Hernández, que documentó actividades similares de otros legisladores de Morena y del Partido Verde.

La pregunta central es inevitable: ¿de dónde provienen los recursos para las jornadas, quién suministra los medicamentos y qué controles impiden que estos servicios se utilicen como instrumentos de promoción electoral?

Hasta ahora, el parentesco y las actividades están documentados; no se ha acreditado que Birmex suministre medicamentos a las jornadas del diputado.

Birmex: 419.5 millones de pesos observados y una licitación por 49,738 millones

Carlos Ulloa asumió la dirección de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en abril de 2025, por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de irregularidades detectadas en compras consolidadas.

En octubre de 2026, La Jornada publicó resultados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y del Órgano Interno de Control que documentaban problemas en operaciones de 2024 y 2025.

Las cifras principales son:

  • 419.5 millones de pesos: posible daño patrimonial señalado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.

  • 192.8 millones: posible contratación indebida de bienes y servicios por falta de documentación suficiente.

  • 65.6 millones: pago en demasía observado en dos claves de medicamentos de patente adquiridas a Farmacéuticos Maypo, con un precio unitario reportado de 81,026 pesos.

  • 49,738 millones: valor de adjudicaciones de 423 claves a nueve empresas que, según la auditoría, no acreditaron requisitos documentales obligatorios.

  • 25 procedimientos: compras consolidadas examinadas entre enero de 2024 y julio de 2025.

La fiscalización también señaló que los estados financieros de Birmex correspondientes a 2024 no pudieron dictaminarse por falta de información contable y presupuestal entregada al auditor externo.

Las cantidades anteriores corresponden a conceptos y procedimientos diferentes; no deben sumarse como si fueran pérdidas independientes.

La respuesta oficial de Birmex

El 11 de octubre, la empresa rechazó que permanecieran pendientes las observaciones de la auditoría de compras consolidadas. Sostuvo que la actual administración entregó los documentos solicitados y que el Órgano Interno de Control emitió una resolución de atención el 29 de junio de 2026.

Asimismo, explicó que la licitación relacionada con los 49,738 millones de pesos fue anulada el 8 de abril de 2025 y que ese monto no se ejerció bajo dicho procedimiento. Por lo tanto, esa cifra no puede presentarse como un quebranto acreditado.

También es fundamental distinguir las operaciones anteriores a la llegada de Carlos Ulloa de las decisiones tomadas durante su gestión.

Auditorías y hallazgos, La Jornada, 10 de octubre de 2026

Respuesta oficial de Birmex, publicada por La Jornada el 11 de octubre

Las compras continúan, pero el abastecimiento sigue bajo escrutinio

En septiembre de 2026, la industria farmacéutica reportó que alrededor del 85% de las claves previstas para la compra consolidada 2027-2028 ya estaban asignadas, aunque permanecían pendientes 140 claves equivalentes a 345.8 millones de piezas.

El 29 de octubre, Salud y Birmex anunciaron una nueva adjudicación de 673 claves, 997.6 millones de piezas y una inversión de 34,398 millones de pesos. Las autoridades informaron que, después de tres licitaciones, se había cubierto cerca del 90% de las claves requeridas.

También se reportaron incumplimientos de proveedores en entregas anteriores, entre ellos casos documentados por Birmex respecto de medicamentos adjudicados y no entregados.

El Gobierno federal sostiene que el abastecimiento ha mejorado. El ISSSTE, por ejemplo, informó un nivel nacional de 97% en octubre y la distribución de 20.5 millones de piezas durante septiembre.

Estas cifras oficiales representan avances de compra y distribución, pero adjudicar un medicamento no equivale automáticamente a entregarlo al paciente.

Por ello, la evaluación debe considerar contratos, entregas efectivas, faltantes por unidad médica y recetas surtidas, no únicamente porcentajes agregados.

Compra consolidada 2027-2028, La Jornada

ISSSTE: nivel de abasto reportado en octubre de 2026

El patrimonio del director de Birmex: dos departamentos por 22.45 millones

Otra investigación, publicada por El Universal en septiembre de 2026, examinó las declaraciones patrimoniales de Carlos Ulloa.

El funcionario reportó la adquisición, de contado, de dos propiedades:

  • 2020: departamento de 123 metros cuadrados por 7.45 millones de pesos.

  • 2023: departamento por 15 millones de pesos.

El valor conjunto asciende a 22.45 millones de pesos, adquiridos antes de su nombramiento en Birmex.

Ulloa atribuyó el origen de los recursos a ingresos profesionales, ahorros, compraventa de inmuebles y herencias familiares.

Sin embargo, El Universal identificó diferencias entre esa explicación y los bienes, ingresos y herencias visibles en sus declaraciones públicas. La presidenta Sheinbaum señaló que el funcionario debía explicar nuevamente la procedencia del dinero y abrió la posibilidad de una revisión por las autoridades anticorrupción.

La controversia plantea una cuestión patrimonial que debe esclarecerse mediante documentos fiscales, bancarios y administrativos. No existe en la información examinada una resolución que permita afirmar que esos inmuebles proceden de recursos desviados de Birmex.

Investigación patrimonial, El Universal, 10 de septiembre

Respuesta de Carlos Ulloa sobre su patrimonio

Gerardo Ulloa: jornadas médicas y aspiraciones en Nezahualcóyotl

Mientras su hermano encabeza Birmex, el diputado federal Gerardo Ulloa Pérez organiza Jornadas Comunitarias Móviles en Nezahualcóyotl, Estado de México.

En su segundo informe legislativo reportó 8,340 servicios gratuitos mediante 26 jornadas realizadas en 23 colonias. Entre ellos incluyó consultas médicas, servicios dentales, apoyo psicológico, exámenes de la vista, asesoría jurídica y cortes de cabello.

Latinus documentó actividades con carpas, un autobús y camionetas identificados con el nombre del legislador, símbolos de Morena y referencias a la Cámara de Diputados. Fuentes legislativas citadas por el medio afirmaron que estos vehículos no pertenecen al Congreso.

Ulloa ha señalado que su trabajo comunitario tiene antecedentes de muchos años y ha rechazado que sus jornadas estén centradas en la distribución de medicamentos.

El diputado también ha expresado interés en buscar la presidencia municipal de Nezahualcóyotl en 2027.

El punto que debe esclarecerse es el financiamiento de los vehículos, del personal y de los insumos. La relación familiar con el director de Birmex justifica revisar posibles vínculos documentales, pero no prueba por sí misma transferencia de medicamentos ni conflicto de interés ilegal.

Segundo informe y resultados de las jornadas, Zona Oriente


Los otros cinco casos: caravanas, farmacias y promoción política

La investigación de Latinus y los antecedentes documentados en Chihuahua muestran diferentes modalidades de atención médica asociada con representantes políticos. Cada caso tiene características, fuentes de financiamiento y posibles implicaciones distintas.

1. Andrea Chávez — Chihuahua | Morena

La senadora Andrea Chávez Treviño promovió caravanas médicas gratuitas con su nombre, imagen y elementos de identidad política en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, en un contexto de aspiraciones a la gubernatura de 2027.

Las unidades, vinculadas con FMedical y el empresario Fernando Padilla Farfán, ofrecían consultas, servicios dentales, laboratorios, ultrasonidos, electrocardiogramas y medicamentos.

Padilla Farfán ha sido identificado por investigaciones periodísticas como cercano a Adán Augusto López Hernández y vinculado con empresas contratistas de distintos gobiernos.

El costo de referencia: Latinus utilizó un contrato de Baja California de 2022 por 191 millones de pesos para dos caravanas durante nueve meses. El cálculo equivale a aproximadamente 10.6 millones de pesos mensuales por caravana, incluido el servicio contratado.

Posteriormente, el semanario ZETA obtuvo documentación de un contrato de 2025 por 396.72 millones de pesos para servicios de caravanas en Baja California, operados por Línea Médica del Sur, empresa vinculada con Padilla. ZETA reportó que la operación de tres caravanas representaba más de 28 millones de pesos mensuales.

Su investigación también estimó que empresas relacionadas con el empresario acumularían alrededor de 1,843.5 millones de pesos en contratos con el gobierno de Baja California hasta concluir 2025, considerando diversos servicios y obras.

Latinus reportó asimismo contratos por más de 2,000 millones de pesos relacionados con compañías de Padilla en Chiapas y Tabasco, en periodos vinculados con las administraciones de Rutilio Escandón y Adán Augusto López.

La precisión indispensable: las cantidades de Baja California son referencias contractuales de servicios comparables, no facturas que demuestren cuánto costaron específicamente las caravanas de Andrea Chávez.

La senadora defendió la prestación gratuita de los servicios y señaló la participación empresarial mediante donativos. En abril de 2025 anunció que retiraría su nombre e imagen de las unidades.

El caso derivó en denuncias electorales e impugnaciones. Entre ellas, las sentencias SUP-REP-69/2025 y SG-JG-61/2026, relacionadas con competencia, procedimientos y medidas cautelares. Ninguna de esas referencias debe presentarse como una condena definitiva por financiamiento ilegal.

Fuentes: ZETA: contratos de Padilla Farfán · Investigación sobre las caravanas y su costo · Sentencia SG-JG-61/2026 · Andrea Chávez en X

2. Favio Castellanos — Guadalajara, Jalisco | Morena

El diputado Favio Castellanos Polanco inauguró en mayo de 2026 una farmacia comunitaria con consultorio médico gratuito en Lomas del Paraíso; posteriormente abrió otra instalación.

En junio declaró que la primera había atendido a más de 700 familias. Explicó que el proyecto se sostenía mediante donaciones de medicamentos vigentes, recursos propios y recursos de gestión.

Latinus identificó elementos de Morena, referencias legislativas y la imagen del diputado en material relacionado con las farmacias. Castellanos también manifestó interés en la candidatura municipal de Guadalajara.

El origen de las donaciones, sus comprobantes y el financiamiento del personal deben poder documentarse.

Fuente: El Occidental, 29 de junio de 2026 · @FavioCP

3. Anaís Burgos — Chalco, Estado de México | Morena

La diputada Anaís Miriam Burgos Hernández promueve el llamado Camioncito de la Salud, una unidad móvil identificada con su nombre y símbolos partidistas e institucionales.

Ofrece consultas médicas, medicamentos gratuitos, apoyo psicológico, terapias alternativas y servicios dentales de bajo costo.

El 20 de octubre de 2026 anunció su inscripción para buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Chalco.

El uso de propaganda personalizada junto con servicios asistenciales merece revisión electoral; no demuestra por sí mismo una infracción.

Fuente: Investigación difundida el 10 de noviembre · Facebook de Anaís Burgos

4. Óscar Bautista Villegas — Rioverde, San Luis Potosí | Partido Verde

El diputado federal Óscar Bautista Villegas realiza caravanas médicas con ultrasonidos, electrocardiogramas, consultas dentales, orientación nutricional y entrega de medicamentos.

Ha señalado que recibe colaboración de una fundación y de personas que respaldan las actividades; también ha mencionado programas estatales de atención.

Bautista reconoció su interés político en Rioverde, aunque sostuvo que la definición de candidaturas corresponde a su partido.

Es necesario determinar qué entidades financian los servicios, si intervienen programas públicos y qué autorizaciones existen para la promoción personal.

Fuente: El Mañana de San Luis, 8 de octubre de 2026 · Perfil en el PVEM

5. Arturo Ávila — Aguascalientes | Morena

El diputado Arturo Ávila Anaya promovió consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos, ofreciendo pagar la mitad de los costos de determinados servicios.

Su esquema no es equivalente a una farmacia gratuita ni se ha demostrado que utilice medicamentos de Birmex.

La investigación debe identificar a los prestadores de servicios, los precios de referencia, los recursos que cubren los descuentos y la relación de estas actividades con la promoción del diputado.

Fuente: Investigación sobre las jornadas médicas difundida por Latinus · @arturoavila_mx


¿Ayuda social o propaganda electoral?

Las seis experiencias —Gerardo Ulloa y los otros cinco casos— no prueban la existencia de una operación nacional coordinada. Sí presentan elementos que merecen investigación: servicios asistenciales identificados con figuras políticas, recursos cuya procedencia debe documentarse y aspiraciones electorales de algunos organizadores.

El artículo 134 constitucional exige imparcialidad en el uso de recursos públicos y establece límites a la promoción personalizada. Su aplicación depende de los hechos de cada caso, el origen de los fondos, los mensajes difundidos y las determinaciones de las autoridades electorales.

No toda jornada médica impulsada por un legislador es ilegal. Tampoco la gratuidad de la atención elimina las obligaciones de transparencia, control sanitario y rendición de cuentas cuando corresponden.

Para esclarecer estos casos faltan respuestas documentadas a preguntas concretas:

  1. ¿Quién compra o dona los medicamentos y cuáles son sus facturas, lotes y fechas de caducidad?

  2. ¿Cuánto cuestan las unidades, el personal, el combustible, los equipos y los servicios?

  3. ¿Se utilizan recursos de la Cámara de Diputados o de alguna otra institución pública?

  4. ¿Quién autoriza los logotipos oficiales y el uso de imágenes políticas?

  5. ¿Se recopilan datos personales de beneficiarios y con qué finalidad?

  6. ¿Existen registros de Birmex, contratos o transferencias que vinculen sus productos con alguna jornada?

  7. ¿Cuál es el estado definitivo de las auditorías y las posibles responsabilidades administrativas?


El expediente está en los recursos, no solamente en las fotografías

Los documentos examinados permiten establecer tres hechos: Birmex ha sido objeto de observaciones de fiscalización y ha presentado aclaraciones; Gerardo Ulloa organiza jornadas comunitarias mientras mantiene aspiraciones políticas; y otros cinco representantes han promovido distintos modelos de atención médica asociados con su imagen pública.

También muestran que algunas caravanas operadas por empresas relacionadas con Fernando Padilla Farfán han alcanzado costos contractuales millonarios en Baja California. Esas referencias no acreditan el gasto real del caso Chihuahua.

No se ha demostrado documentalmente que los hermanos Ulloa hayan coordinado una transferencia de medicamentos públicos hacia actividades políticas, ni existe evidencia suficiente para atribuir una misma fuente de financiamiento a todos los casos.

Lo que corresponde ahora es examinar contratos, donaciones, facturas, inventarios y resoluciones administrativas, además de escuchar las respuestas de los involucrados.

La salud debe garantizarse como derecho, no condicionarse a una preferencia política. Y cuando la imagen de un funcionario acompaña a una medicina, la transparencia sobre quién la compró y quién la entregó se vuelve una exigencia de interés público.

La ciudadanía tiene derecho a recibir atención médica. También tiene derecho a saber quién la financia.


Documentación y enlaces principales

Investigaciones periodísticas

Fiscalización y respuestas

Nota editorial: El reportaje integra investigaciones previamente publicadas, declaraciones públicas, información institucional y resoluciones judiciales. Las observaciones administrativas no equivalen automáticamente a delitos, las denuncias electorales no sustituyen sentencias y las relaciones familiares o empresariales no prueban por sí mismas conductas ilícitas. Se mantiene el derecho de réplica y la presunción de inocencia.

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