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Morena quiso abrir el negocio electoral a particulares; ahora Sheinbaum busca devolverlo a Talleres Gráficos

Una investigación sobre la controversia exhibida por Latinus revela una contradicción política, sobrecostos documentados desde 2017, adjudicaciones cuestionadas por 427 millones de pesos y nuevas reglas para la fabricación de boletas rumbo a 2027. Sonora también aparece en los expedientes.
La reforma de Talleres Gráficos de México revive el debate sobre la producción de materiales electorales en México.

La reforma de Talleres Gráficos de México reabre la disputa sobre la producción de boletas electorales. Entre contratos observados por la ASF, cuestionamientos a la subcontratación y la confrontación entre Morena y Lorenzo Córdova, el manejo de los materiales electorales vuelve al centro del debate rumbo a 2027.



El gobierno federal pretende que Talleres Gráficos de México recupere un papel central en la fabricación de documentos y materiales electorales. La propuesta, presentada como una respuesta a las irregularidades descubiertas en el INE, revive una discusión que comenzó años atrás y exhibe una contradicción dentro del sistema político mexicano.

El video difundido por Latinus, con Carlos Loret de Mola, recupera las declaraciones del expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien asegura que desde 2019 existieron presiones para abrir a empresas privadas contratos que anteriormente se asignaban a Talleres Gráficos.

Sin embargo, la investigación documental revela que la historia no se limita a una disputa entre Morena y Córdova: las auditorías muestran irregularidades tanto en el esquema público de impresión como en la contratación de particulares.

La verdadera pregunta es quién controla la producción, cuánto cuesta, quién obtiene los contratos y qué garantías existen para proteger la independencia de las elecciones.

1. La contradicción: lo que se cuestionó en 2020 se recupera en 2026

El 18 de noviembre, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, anunció una transformación de Talleres Gráficos de México (TGM). Ese mismo día se publicó el decreto presidencial que modifica la estructura, las funciones y los controles de este organismo público.

El objetivo es reducir la dependencia de proveedores privados, limitar la subcontratación, transparentar precios y fortalecer la capacidad pública de fabricación.

Pero esa política tiene antecedentes.

En 2020, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, el Consejo General del INE discutió si los materiales electorales debían producirse mediante contratación directa con Talleres Gráficos o adquirirse mediante licitaciones abiertas a particulares.

El entonces titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, designado por la Cámara de Diputados en mayo de 2019, defendió la revisión del mecanismo de adjudicación.

Córdova sostiene que esa intervención favoreció la apertura del mercado a empresas privadas y que su postura buscaba preservar la producción pública por razones de seguridad electoral.

La diferencia fundamental es que la impresión federal de boletas no terminó privatizándose.

El 18 de noviembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG574/2020, el Consejo General decidió que Talleres Gráficos produjera las boletas y demás documentación electoral federal en papel.

El 11 de diciembre de ese año, el INE formalizó un convenio para fabricar 102.6 millones de boletas destinadas a los comicios de 2021.

Los materiales y documentos de otras características sí pudieron adquirirse a proveedores privados mediante licitaciones.

Por tanto, la afirmación de que Talleres Gráficos perdió completamente la producción de boletas durante aquella administración sería incorrecta.

Lo documentado es una disputa sobre el modelo de contratación y la participación de proveedores privados.

 

2. El dato que cambia el debate: ya existían sobrecostos bajo Córdova

Una revisión del informe del Órgano Interno de Control correspondiente a 2019 introduce un antecedente que no puede omitirse.

El documento, presentado ante el Consejo General en mayo de 2020, identificó diferencias económicas importantes en contratos de 2017 y 2018 adjudicados a Talleres Gráficos de México.

ContratoPago del INE a TGMSobrecosto señalado por el OIC
INE/090/201744.4 mdp26.7 mdp
INE/022/2018164.8 mdp110.1 mdp
Total209.2 mdp136.8 mdp

En el primer contrato, Talleres Gráficos subcontrató el 100% de los materiales examinados. En el segundo, el porcentaje fue de aproximadamente 93.9%.

El informe calculó para el contrato de 2018 una diferencia de 246.86% entre el pago de la paraestatal al subcontratista y el costo de esos bienes para el INE, después de los ajustes especificados por la auditoría.

Estas cifras constituyen observaciones del órgano fiscalizador sobre el esquema de contratación, no una sentencia penal que acredite apropiación ilegal de esos recursos.

La documentación permite comprender por qué el OIC cuestionaba las adjudicaciones directas: contratar a una empresa pública no garantiza precios competitivos cuando esa misma empresa termina trasladando buena parte del trabajo a particulares.

Esto tampoco demuestra que la posición de Jesús George Zamora estuviera libre de motivaciones políticas. Simplemente confirma que sus observaciones tenían antecedentes documentales que deben analizarse.

La discusión, entonces, no puede resolverse atribuyendo todas las irregularidades a una sola administración.

3. Las irregularidades de 2024: 427.46 millones de pesos bajo revisión

Los problemas continuaron en el proceso electoral de 2024.

Durante la administración de Guadalupe Taddei en el INE, Talleres Gráficos produjo más de 317 millones de boletas para las elecciones federales, mediante un contrato reportado por aproximadamente 580 millones de pesos.

Al mismo tiempo, asumió compromisos con organismos electorales locales que superaron los 600 millones de pesos adicionales.

La capacidad de producción quedó sometida a una demanda extraordinaria.

Para atenderla, TGM adjudicó directamente a Gráficas Corona JE, S.A. de C.V. el contrato TGM/GA/024/2024, por 427 millones 460 mil pesos, destinado al uso de maquinaria, operarios y almacenamiento.

La Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la Cuenta Pública 2024, documentó dos problemas principales:

  • No se acreditaron suficientemente los requisitos legales para justificar la excepción a una licitación pública.

  • El pago se registró inicialmente en una cuenta contable correspondiente a un servidor público, en lugar de la cuenta acreedora del proveedor, aunque posteriormente se efectuó una reclasificación.

La ASF también verificó que existían documentos que acreditaban la prestación de los servicios contratados.

Esta distinción importa: se identificaron irregularidades administrativas y contables, pero ese informe no demuestra, por sí solo, que los 427.46 millones hayan sido desviados o que el servicio fuera inexistente.

La auditoría dio lugar a promociones de responsabilidad administrativa para investigar la actuación de los funcionarios involucrados.

4. Lo que realmente cambia el decreto de Sheinbaum

La reforma publicada el 18 de noviembre de 2026 establece nuevas obligaciones que entraron en vigor el día 19.

Prohibición de subcontratar la impresión de boletas. Talleres Gráficos podrá contratar insumos y servicios auxiliares, pero no encomendar a terceros la impresión de boletas ni la producción integral de materiales electorales.

Tarifas públicas. La Junta de Gobierno deberá publicar precios de referencia para boletas, actas, urnas, mamparas y otros insumos, junto con su metodología de cálculo.

Transparencia. Los contratos, proveedores, subcontrataciones y avances de producción deberán difundirse en formatos de datos abiertos.

Prevención de conflictos de interés. Se establecen restricciones para funcionarios y consejeros vinculados durante los cinco años anteriores con proveedores electorales.

Trazabilidad y fiscalización. La producción deberá contar con mecanismos de identificación y seguimiento, mientras que TGM tendrá que solicitar auditorías anuales a la ASF.

Son medidas potencialmente relevantes. Su eficacia dependerá de la capacidad para aplicarlas y hacer públicos los resultados.

Existe, además, una limitación que algunas interpretaciones políticas pasan por alto: el decreto promueve convenios con el INE y los OPLE, pero no convierte automáticamente a Talleres Gráficos en proveedor obligatorio de todas las elecciones locales.

Una segunda etapa, prevista entre julio de 2027 y 2030, contempla impulsar una nueva legislación para establecer un modelo público de producción electoral. Esa reforma todavía no está aprobada.

 

5. La nueva Junta de Gobierno: ¿independencia real o control del Ejecutivo?

El decreto establece una Junta de Gobierno de siete integrantes:

Cuatro representantes del Ejecutivo federal, correspondientes a Gobernación, Consejería Jurídica, Hacienda y Anticorrupción, y tres consejeros independientes.

El gobierno anunció la participación de perfiles vinculados a la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.

No obstante, el texto del decreto no reserva expresamente un asiento a cada universidad ni establece que esas instituciones elijan directamente a sus representantes.

Las tres personas independientes serán designadas por la Presidencia de la República, a propuesta de Gobernación.

Además, la persona titular de la Dirección General podrá ser nombrada por el Ejecutivo.

La académica Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue anunciada como nueva directora de Talleres Gráficos.

Aquí aparece una cuestión institucional: el organismo pretende fortalecer su independencia respecto de intereses privados, pero su órgano máximo de decisión mantiene mayoría gubernamental.

Esto no demuestra que exista manipulación de la producción electoral. Sí representa una característica estructural que merece vigilancia, especialmente cuando las boletas deberán utilizarse en elecciones donde compiten partidos de oposición y del propio gobierno.

La credibilidad del modelo dependerá tanto de sus controles internos como de la supervisión efectiva de las autoridades electorales.

6. Sonora: proveedores privados y más de cinco millones de documentos electorales

La controversia tiene una conexión verificable con Sonora.

Un informe oficial del INE sobre los procesos electorales locales de 2023-2024 identifica a dos empresas que participaron en la producción de documentación electoral sonorense:

Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., y Formas Finas Fernando Fernández, S.A. de C.V.

El documento consigna tres visitas de verificación a proveedores, efectuadas el 30 de abril, 10 de mayo y 17 de mayo de 2024.

También reporta una producción de 5,098,003 documentos electorales, distribuida entre documentación para ayuntamientos, diputaciones locales, formatos comunes y voto anticipado, con cumplimiento de producción reportado del 100%.

La presencia de estas empresas importa porque Formas Finas y otras sociedades proveedoras aparecen en investigaciones periodísticas sobre concentración de contratos y posibles vínculos comerciales con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Sin embargo, figurar como proveedor electoral no equivale a haber cometido una irregularidad. Las responsabilidades deben establecerse mediante expedientes, pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.

Lo que sí debe revisarse es cómo se asignaron los contratos, si existieron competidores efectivos, cómo se determinaron los precios y qué mecanismos permitieron verificar la entrega de los materiales.

El tema cobra especial importancia porque el 6 de junio de 2027 Sonora elegirá gubernatura, 33 diputaciones locales y autoridades de sus 72 ayuntamientos, además de participar en la renovación de la Cámara de Diputados federal.

La producción electoral tendrá que organizarse nuevamente a gran escala, con plazos estrictos y garantías de seguridad.

7. El riesgo de 2027: cambiar de proveedor sin cambiar el sistema

La reorganización de Talleres Gráficos pretende cerrar espacios a intermediarios privados y disminuir sobrecostos.

Pero centralizar una actividad de esta magnitud introduce otras exigencias: capacidad instalada suficiente, personal especializado, suministro oportuno de papel de seguridad, maquinaria, controles de calidad y mecanismos de contingencia.

En 2024, según el diagnóstico gubernamental, 19 de los 32 OPLE no imprimieron sus boletas en Talleres Gráficos, equivalentes aproximadamente al 59% del total.

Incorporar una proporción mayor de esa demanda requerirá inversión real y capacidad verificable, no solamente disposiciones administrativas.

Un organismo público sin equipamiento suficiente podría sustituir la dependencia de intermediarios por riesgos de incumplimiento en los calendarios de producción.

Y las consecuencias de una falla de suministro electoral no se limitan a pérdidas económicas: pueden afectar la organización y la certeza de los comicios.

8. La investigación que falta: quién ganó, cuánto cobró y quién autorizó

Los documentos revisados permiten formular preguntas que deberían responder el INE, los organismos locales, Talleres Gráficos y las autoridades fiscalizadoras.

¿Por qué algunos contratos públicos terminaron subcontratándose casi íntegramente con empresas privadas? ¿Qué razones justificaron las diferencias de precios encontradas desde 2017? ¿Qué funcionarios autorizaron adjudicaciones directas posteriormente observadas? ¿Cuántos proveedores relacionados entre sí participaron como presuntos competidores? ¿Y cuáles fueron las consecuencias administrativas de las auditorías?

En Sonora también será necesario transparentar los expedientes de contratación de 2024, las investigaciones de mercado, las propuestas económicas de los participantes y los criterios aplicados para seleccionar a los proveedores.

La nueva Junta de Gobierno deberá demostrar que sus controles no son solamente una declaración de principios, sino instrumentos verificables de rendición de cuentas.

Ni la producción pública garantiza honestidad ni la licitación privada garantiza competencia

La discusión exhibida por Latinus revela una paradoja política que merece atención: el gobierno impulsa hoy un esquema que Lorenzo Córdova defendió anteriormente y cuya continuidad fue objeto de controversia dentro del INE.

Pero los archivos oficiales obligan a ampliar la perspectiva.

Durante la gestión de Córdova se documentaron sobrecostos en contrataciones con Talleres Gráficos. Bajo el esquema de producción de 2024 volvieron a detectarse adjudicaciones directas deficientemente justificadas. Y el mercado privado tampoco ha estado libre de cuestionamientos sobre concentración y competencia.

El problema no es únicamente quién imprime las boletas. Es quién decide las contrataciones, quién vigila los precios, quién autoriza las subcontrataciones y quién responde por las irregularidades.

México necesita boletas seguras, costos auditables, proveedores técnicamente solventes y autoridades que rindan cuentas.

La reforma de 2026 podrá evaluarse por sus resultados, no por sus promesas.

Porque la democracia no se protege solamente con la tinta de una boleta. También se protege con la transparencia de cada contrato que hace posible imprimirla.


Nota editorial: Este reportaje distingue declaraciones políticas, observaciones de auditoría, contratos documentados y disposiciones jurídicas vigentes. Los señalamientos de irregularidades no constituyen por sí mismos determinaciones definitivas de responsabilidad penal.

Verificación documental

El reportaje se apoya principalmente en documentos institucionales, no exclusivamente en opiniones difundidas por el video.

Decreto publicado el 18 de noviembre de 2026. Regula la Junta de Gobierno, las contrataciones, la subcontratación y las obligaciones de transparencia.

Sidof+1

Consultar decreto íntegro

Auditoría 426 de la ASF, Cuenta Pública 2024. Documenta el contrato de 427.46 millones de pesos, la evidencia de prestación del servicio y las irregularidades de adjudicación y registro contable.

ASF+1

Consultar informe de la ASF

Informe del OIC correspondiente a 2019. Presenta las observaciones económicas sobre los contratos de 2017 y 2018, incluidos los 136.8 millones de pesos señalados como sobrecostos.

Repositorio Documental INE

Consultar informe del OIC

Informe del INE sobre producción electoral local 2024. Identifica a los dos proveedores de Sonora, las visitas de inspección y el volumen de documentación producida.

Repositorio Documental INE

Consultar documento oficial de producción

Antecedentes de 2020 y calendario 2027. El INE confirma la producción federal de boletas en TGM durante 2021 y los cargos que se renovarán en Sonora en 2027.

Central Electoral+1

Consultar calendario oficial de Sonora

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