Podemos ver el surgimiento de la pandemia que hoy enfrentamos como una amenaza, pero también como una oportunidad para atender problemáticas añejas con ideas nuevas, sobre todo para la inmediatez que requiere la apremiante situación.
Por: Anjanette D. Zebadúa Soto*
Los asentamientos humanos irregulares han representado siempre un reto para los gobiernos. La población que busca resolver su necesidad de tener una vivienda digna estableciéndose en zonas no adecuadas, al margen de la normatividad urbanística, carentes de seguridad jurídica, sin acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y gas, es vulnerable ante catástrofes naturales, enfermedades, violencia, inseguridad, degradación ambiental y exclusión social.
En esta situación de exclusión e invisibilidad viven más de 1 billón de personas en el mundo, una cuarta parte de los habitantes urbanos en América Latina, y se calcula, más de una tercera parte de las personas que residen en ciudades mexicanas.
En el contexto actual, donde la humanidad enfrenta la pandemia del COVID-19, y en el cual para combatir la propagación del virus se recomienda lavarse las manos constantemente durante al menos 20 segundos y mantenerse aislado en caso de tener síntomas de la enfermedad, los asentamientos humanos irregulares tienen que mirarse nuevamente bajo una perspectiva que busque resolver la situación de vulnerabilidad en la que viven millones de personas en el mundo, es una oportunidad para replantear la agenda urbana.
Si bien, las medidas para resolver la problemática de los asentamientos humanos irregulares son de largo plazo, en lo inmediato se podrían desarrollar estrategias inmediatas para mitigar los efectos que el COVID podría tener en la población que ya de por sí enfrenta amenazas en su día a día.
Una de las principales estrategias que podrían implementarse en México, y que ya se ha hecho en otros países con amenazas epidemiológicas como el Ébola, es valerse de los centros de salud cercanos, consultorios médicos y proveedores de salud como un primer filtro para la detección de casos de infección. Así es necesario que estos agentes ubicados en los asentamientos irregulares, se puedan identificar, capacitar, y sean dotados del material y medicinas adecuadas para contener la dispersión del virus.
Otra medida de prevención y contención que hoy se lleva a cabo en otros países como Estados Unidos, Ecuador, y ya se analiza en Uruguay, es la de reubicar a la población en riesgo, es decir a los mayores de 60 años, con patologías crónicas que viven en asentamientos irregulares en refugios donde puedan estar protegidos, aislados y con mejores condiciones de servicios públicos, particularmente para disponer de agua para higienizarse adecuadamente.
Del mismo modo, en ciudades como Quito o San Francisco ya se diseñan mecanismos para ubicar en refugios a la población que ya está infectada con el COVID-19, pero que no requiere hospitalización con la finalidad de contener el contagio, lo cual es más probable de ocurrir si la población vive hacinada en su casa y con falta de servicios básicos como sucede en los asentamientos marginados.
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de atender la emergencia epidémica es el hecho de que en los asentamientos irregulares la mayor parte de los beneficios que obtienen es a través de su sentido de comunidad. Los grupos que organizan y los representan son los que logran negociar con los gobiernos en turno la introducción de los servicios públicos, por ejemplo. De este modo, es necesario que cualquier intervención que se lleve a cabo tenga en cuenta la relevancia que estos actores tienen para resolver la apremiante situación en el corto plazo.
Es cierto que la emergencia y la desaceleración de la economía harán que los recursos para atender la epidemia sean cada vez más escasos, pero la atención oportuna debe priorizarse hacia la población más vulnerable, aquellos que además de vivir en condiciones precarias tienen una mayor necesidad de salir de sus domicilios a trabajar porque viven al día por lo que resulta difícil confinarlos; que no cuentan con los recursos económicos para atenderse; o que por condiciones previas de salud están bajo mayor riesgo.
A largo plazo puede ser que la recesión económica a nivel mundial haga necesaria la aplicación de políticas económicas anticíclicas, como una baja en la tasa de interés, con lo cual la agenda del gobierno en materia urbana podrá enfocarse con mayor ahínco a lograr que los créditos sean asequibles y más baratos para que la población vulnerable que habita en la precariedad pueda adquirir, mejorar o auto-construir su vivienda, al tiempo que se crean las condiciones necesarias para atender la reubicación y/o regeneración de los asentamientos irregulares y se les dota de todos los servicios e infraestructura que requieren para hacer ciudad.
* Anjanette D. Zebadúa Soto es candidata a Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México. Especialista en temas de medio ambiente, vivienda y desarrollo urbano.