MORENA NO PUEDE LAVARSE LAS MANOS: LA CORRUPCIÓN NO CAMBIA DE HISTORIA CUANDO CAMBIA DE PARTIDO

Por Leonardo Islas | Columna de opinión

1. PRESIDENTA, EL PROBLEMA NO ES DE DÓNDE VIENEN. ES LO QUE HICIERON CUANDO YA ESTABAN AHÍ.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado poner distancia entre Morena y la crisis institucional que atraviesa el Instituto Nacional Electoral, después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, ocurrida en medio de graves señalamientos sobre posibles conflictos de interés y contrataciones irregulares.

Su principal argumento es que buena parte del personal del INE proviene de administraciones anteriores, incluso de la época del Instituto Federal Electoral y de la presidencia de Lorenzo Córdova.

Pero semejante explicación evade la cuestión fundamental.

¿Desde cuándo el origen de un funcionario determina quién debe responder por sus actos durante una administración posterior?

Si las irregularidades comenzaron antes, debieron investigarse. Si continuaron durante la gestión de Taddei, debieron detenerse. Y si se agravaron después de que una mayoría legislativa encabezada por Morena modificó las facultades de la presidencia del INE, entonces también debe revisarse la responsabilidad de quienes impulsaron esa decisión.

La corrupción no adquiere una nueva fecha de nacimiento cada vez que cambia el partido gobernante.

Tampoco desaparece porque un funcionario haya militado antes en el PRI, colaborado con el PAN o trabajado durante una administración anterior.

La responsabilidad pública no funciona como una tintorería política donde basta cambiarse de camiseta para salir impecable.

Morena llegó al poder prometiendo acabar con las prácticas del pasado, no administrarlas y posteriormente utilizarlas como explicación de sus propias crisis.

2. MORENA NO PUEDE PRESENTARSE COMO UN PARTIDO AJENO A LOS POLÍTICOS DEL VIEJO RÉGIMEN

Hay una contradicción que merece señalarse.

Desde el oficialismo se recuerda constantemente la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN. Sin embargo, el propio movimiento gobernante incorporó a numerosos políticos que construyeron sus carreras dentro de esos partidos o administraciones.

No es necesario afirmar, sin un estudio de militancias, que la mayoría de Morena procede de otras fuerzas políticas. Basta reconocer que esa migración forma parte de su historia.

El ejemplo de Alfonso Durazo Montaño es particularmente revelador.

Fue militante del PRI y secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Posteriormente trabajó en la Presidencia de Vicente Fox, surgida del PAN. Después se incorporó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y llegó a convertirse en gobernador de Sonora por Morena y presidente de su Consejo Nacional.

Su trayectoria demuestra que las fronteras partidistas de la política mexicana son bastante más flexibles de lo que sugieren los discursos oficiales.

Eso no constituye, por supuesto, una prueba de corrupción contra Durazo. Pero sí desmonta el argumento de que basta atribuir los problemas a los partidos anteriores para deslindar al movimiento actual.

Si Morena recibió políticos del viejo sistema, también asumió la responsabilidad de supervisar su actuación y exigirles cuentas.

No se puede presumir la incorporación de figuras experimentadas cuando sirven al proyecto y después invocar su pasado político cuando aparecen cuestionamientos.

3. GUADALUPE TADDEI Y ALFONSO DURAZO: VÍNCULOS QUE NO PUEDEN DESAPARECER DEL DEBATE

La presidenta afirma que no debe haber una sombra de corrupción en el INE. Coincido plenamente.

Pero esa exigencia debe acompañarse de una revisión integral, incluida la red de relaciones políticas, familiares y contractuales alrededor de la antigua presidencia del instituto.

Guadalupe Taddei tiene una trayectoria electoral de décadas, anterior al nacimiento de Morena. Eso es un hecho. Pero también existen vínculos documentados entre su entorno y el del gobernador morenista Alfonso Durazo.

En 2022, cuando Taddei encabezaba el Instituto Sonorense de Transparencia, ese organismo celebró un contrato de arrendamiento por aproximadamente 1.23 millones de pesos anuales con Inmobiliaria Alta Sierra, empresa vinculada a la familia del gobernador.

El caso fue objeto de investigaciones periodísticas y de un cuestionamiento formal presentado en el Senado en 2025.

A ello se agrega otro hecho verificable: Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta, fue nombrado secretario particular del gobernador Alfonso Durazo en agosto de 2025.

Estos antecedentes no prueban por sí mismos la comisión de delitos ni una sociedad mercantil directa entre Taddei y Durazo. Pero son relaciones relevantes que justifican preguntas sobre conflictos de interés, independencia institucional y posibles beneficios cruzados.

¿Puede el oficialismo afirmar que no existe ninguna relación política relevante cuando esos vínculos aparecen documentados en contratos, nombramientos y trayectorias públicas?

No se trata de condenar a nadie por parentesco o cercanía personal.

Se trata de exigir que las relaciones entre servidores públicos, empresarios y autoridades electorales puedan examinarse sin privilegios, sin interferencias y sin protección partidista.

Y esa obligación alcanza también a las autoridades de Sonora.

4. TUVIERON EL PODER, TUVIERON EL TIEMPO Y TUVIERON LA OPORTUNIDAD

Quizá la contradicción más importante no se encuentre en el pasado de los funcionarios, sino en las decisiones recientes del propio oficialismo.

En octubre de 2024, legisladores de Morena impulsaron modificaciones a la legislación electoral que ampliaron las facultades de la presidencia del INE para realizar nombramientos de altos funcionarios sin requerir la aprobación colegiada que antes se exigía.

Esas atribuciones, conocidas públicamente como los superpoderes de la presidencia del INE, redujeron contrapesos internos.

Ahora, después de la renuncia de Guadalupe Taddei, legisladores de Morena han expresado disposición a revisar esas mismas facultades.

La pregunta resulta inevitable:

¿Por qué aquello que en 2024 parecía conveniente para concentrar decisiones ahora, en 2026, merece ser reconsiderado?

Si el diseño institucional era deficiente, quienes lo modificaron tienen que explicar sus decisiones.

Si la concentración de facultades favoreció nombramientos cuestionados, debe investigarse cómo se utilizaron.

Y si se ignoraron advertencias, corresponde identificar quiénes las recibieron y por qué no actuaron.

La responsabilidad política no exige demostrar que cada legislador conocía una irregularidad específica. Exige explicar por qué se tomaron decisiones que debilitaron los controles y qué consecuencias produjeron.

Aquí está el punto que el discurso presidencial no puede resolver culpando a administraciones anteriores.

Morena no solamente heredó una institución: también intervino en las reglas que determinaron su funcionamiento.

Y quien modifica las reglas debe responder por sus consecuencias institucionales, aunque la responsabilidad penal de un eventual delito corresponda exclusivamente a sus autores.

5. EL MAYOR DAÑO NO ESTÁ EN LOS CONTRATOS: ESTÁ EN LA CONFIANZA DE MILLONES DE ELECTORES

México enfrenta una crisis que supera los expedientes administrativos y los nombres de los funcionarios investigados.

Estamos ante el deterioro de la credibilidad del árbitro electoral.

El INE no es una dependencia cualquiera. Su legitimidad constituye una condición esencial para que millones de ciudadanos acepten que una elección fue organizada con imparcialidad, que los votos fueron contados correctamente y que las autoridades no favorecieron a quienes controlan el poder.

Por eso, los señalamientos de corrupción dentro del instituto tienen consecuencias especialmente delicadas.

No basta con saber cuánto dinero pudo administrarse irregularmente, qué empresas recibieron contratos o quién autorizó determinadas operaciones.

También debemos preguntarnos cuánto daño ocasiona cada revelación a la confianza ciudadana.

Una democracia puede recuperar dinero desviado. Recuperar la confianza de los ciudadanos es mucho más difícil.

Y cuando la institución encargada de garantizar elecciones libres llega cuestionada al proceso electoral de 2027, las consecuencias trascienden el periodo de cualquier gobierno.

No significa que exista prueba de fraude electoral ni que las próximas elecciones estén inevitablemente comprometidas.

Significa que el país tiene la obligación de impedir que las sospechas sobre contratos, nombramientos y relaciones políticas contaminen la legitimidad de sus resultados.

El INE debe ser una institución capaz de resistir cualquier presión partidista, incluido el poder de quienes gobiernan.

Porque la soberanía popular no pertenece a Morena, al PRI, al PAN ni a ningún otro partido.

Pertenece a los ciudadanos.

6. LA RESPONSABILIDAD MORAL NO SE BORRA CON UNA RENUNCIA

La salida de Guadalupe Taddei puede abrir el camino para las investigaciones necesarias, pero sería un error presentarla como la solución definitiva.

Una renuncia no equivale a una sentencia, tampoco implica culpabilidad y mucho menos sustituye una auditoría.

Sin embargo, tampoco elimina la responsabilidad política de quienes respaldaron decisiones institucionales, autorizaron reformas o tuvieron oportunidad de detectar riesgos.

La presidenta Sheinbaum tiene razón en exigir que se investiguen contratos de todas las administraciones.

Lo que resulta insuficiente es intentar separar a Morena de las decisiones adoptadas durante su propio periodo de influencia legislativa y política.

La investigación debe alcanzar al pasado, al presente y a cualquier persona involucrada, sin importar afiliaciones.

De lo contrario, la transparencia puede convertirse en otro instrumento de confrontación partidista: rigurosa contra los adversarios, comprensiva con los aliados.

No se puede defender la honestidad como principio universal y convertir la responsabilidad en un asunto selectivo.

La responsabilidad moral de un movimiento político que prometió regenerar la vida pública consiste precisamente en demostrar que no tolerará aquello que denunció durante años.

No basta decir que los problemas vienen de antes.

Había tiempo para corregirlos.

Había instrumentos para investigarlos.

Había facultades para reforzar los contrapesos.

Y había una obligación frente a millones de mexicanos que creyeron en una transformación institucional.

7. PRESIDENTA, LA CUARTA TRANSFORMACIÓN TAMBIÉN DEBE RESPONDER POR SUS PROPIAS DECISIONES

El debate no debería reducirse a determinar qué partido tiene más funcionarios cuestionados o qué administración acumuló más escándalos.

Esa competencia por demostrar quién fue menos honesto representa precisamente el fracaso de la política que México necesita superar.

Ningún partido posee el monopolio de la corrupción. Ninguno puede reclamar inmunidad moral por sus ideales, sus discursos o sus victorias electorales.

Y ningún gobierno debería utilizar los errores de sus antecesores como una absolución permanente de sus propias decisiones.

Morena lleva años ocupando el poder federal. Ha impulsado reformas, construido mayorías legislativas, designado funcionarios y defendido un proyecto que se presenta como una ruptura con el régimen anterior.

Esa historia implica responsabilidades.

No es jurídicamente correcto responsabilizar penalmente a un partido por todos los actos individuales de quienes tienen vínculos con él. Pero tampoco es políticamente aceptable fingir que las decisiones legislativas y los respaldos institucionales carecen de autores.

Presidenta: el problema no es solamente quién llegó del PRI, quién pasó por el PAN o quién trabajó durante la época de Lorenzo Córdova.

El problema es quién tuvo la responsabilidad de vigilar, corregir y proteger al INE mientras se acumulaban cuestionamientos.

El problema es quién defendió la concentración de facultades.

El problema es quién debe explicar las relaciones políticas y contractuales que hoy generan dudas legítimas.

Y, sobre todo, el problema es quién asumirá el costo institucional de una crisis que afecta a todos los mexicanos.

REFLEXIÓN FINAL

La corrupción no se vuelve aceptable porque empezó antes. No se vuelve invisible porque cambió de partido. Y no desaparece porque renunció una funcionaria.

Lo que necesita México no es otro intercambio de acusaciones entre gobiernos y oposiciones. Necesita instituciones capaces de investigar a cualquiera, incluso a quienes facilitaron el acceso al poder de sus actuales dirigentes.

Porque si algo debería haber aprendido nuestro país es que la democracia no se destruye solamente mediante un fraude electoral.

También se erosiona cuando la ciudadanía empieza a sospechar que las instituciones encargadas de proteger su voto responden a intereses distintos de la voluntad popular.

Morena prometió transformar el sistema, no heredar sus vicios, perfeccionar sus mecanismos de concentración de poder y después responsabilizar al pasado.

Y la presidenta tiene ante sí una oportunidad para demostrar que la promesa de combatir la corrupción alcanza también a sus aliados.

La verdadera transformación comienza cuando el poder acepta que también puede ser investigado, cuestionado y responsabilizado.

Porque cambiar de partido no cambia la responsabilidad. Cambiar de gobierno no borra la historia. Y cambiar a quien preside el INE no devuelve automáticamente la confianza que sus ciudadanos han perdido.

La democracia mexicana merece mucho más que un deslinde político. Merece verdad, justicia, instituciones independientes y responsabilidades sin excepción.